Nepotismo rampante en Uruguay por Humberto Moreira

Desde la vuelta a la democracia en 1985, los sucesivos gobiernos se han preocupado especialmente por disminuir la plantilla de los empleados estatales. Es así que hace años que no se realizan concursos para el ingreso de nuevos funcionarios. Sin embargo, esa disminución de auxiliares, peones, porteros y choferes, ha venido siendo acompañada por un crecimiento de los llamados “contratos de arrendamiento de obra.” Esta modalidad, consiste en contratar “empresas unipersonales” para desarrollar tareas específicas por un determinado período. Lo interesante del asunto es, no sólo que a estas personas se les pagan sueldos muy altos -las más de las veces en dólares- sino que en su gran mayoría son parientes o amigos de los políticos gobernantes.

El periodista del diario “La República” Roger Rodríguez entrevistó al diputado Doreen Ibarra (Encuentro Progresista), quien acaba de finalizar el análisis de la voluminosa respuesta que la presidencial Oficina de Planeamiento y Presupuesto dio a un pedido de informes que efectuara sobre el asunto. De él se desprende que tan sólo los proyectos financiados por el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo implicaron durante el año 2001 un gasto superior a los 22 millones de dólares. También se supo que se crearon otros veinticinco proyectos y se contrató a 129 familiares de dirigentes políticos o técnicos amigos, que cobraron 1.693.239 dólares en salarios. Incluso dos integrantes del opositor Nuevo Espacio (Gabriel Courtoisie y Fanny Trilesinsky) figuran en la lista con dos contratos cada uno.

Ibarra ha elaborado un documento en el que explica que aunque en los proyectos administrados dentro del PNUD se redujo en un 20 por ciento el monto de dinero utilizado, se mantiene una desproporción en las cifras de algunos contratos y continúan apareciendo los mismos nombres y apellidos como beneficiarios. “La pregunta que nos hacemos -señala- es cómo es posible que se hayan pagado estas remuneraciones durante el año 2001, año durante el cual la crisis económica determinó ajustes de diversos tipos y la caída del salario real de la mayoría de los trabajadores. El gobierno decía estar realizando recortes dada la caída de la recaudación, pero por otra parte accedía a contratar personas con estas remuneraciones. Es claramente una falta de sensibilidad y una disociación del discurso con la práctica ¿Cómo puede ser que el Sr. Presidente de la República se alarme porque un portero de un banco oficial gane 20 mil pesos, pero por otra parte firme contratos que implicaron remuneraciones de más de 150 mil pesos mensuales?”

Rodríguez explica en su nota que “El 30 de abril de 2002, el presidente Jorge Batlle aprobó el Decreto 158/002 por el que se prohibió la contratación de nuevos arrendamientos de obra y se creó una comisión asesora ‘a efectos de evaluar la pertinencia y necesidad de los contratos de servicios personales vigentes o que se pretendan contratar’ en la administración central o en los entes descentralizados. El 12 de junio siguiente se terminó por aprobar un nuevo decreto, el 208/002 en el cual, aduciendo la necesidad de ‘realizar algunos ajustes e interpretaciones’ a la resolución presidencial de abril (…) se agregó una frase por la cual los controles no se aplicarían a los contratos ‘cuya suscripción originaria fuera anterior al 1º de marzo de 2000′, es decir, todos los arrendamientos de obra firmados desde 1984 y que han permanecido durante los dos gobiernos de Julio María Sanguinetti y la administración de Luis Alberto Lacalle.”

El análisis elaborado por el diputado Ibarra destaca la existencia de parentescos perfectamente identificados dentro de estos “contratados,” como el de Inés Lacalle (hermana del ex presidente), Ana Brezzo (hija del fallecido ministro de Defensa Luis Brezzo), Ana Alfie (hermana del asesor del Ministerio de Economía), Iael Noachas (hija del destituido presidente del Banco Hipotecario del Uruguay), Luis Alberto Borsari (hermano del diputado del Partido Nacional), entre otros. También subraya la contratación de ex dirigentes políticos como Ariel Moller (ex integrante del Directorio de OSE), Mario Artecona (ex asesor del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca), Eduardo Cobas (ex asesor del Ministerio de Economía y Finanzas), Pedro Spiellman (actual asesor del Ministerio de Economía para la reforma del sector salud), Carlos Delpiazzo (ex ministro de Salud Pública), junto a otros “apellidos conocidos” cuyo lazos familiares no son aún confirmables. Entre estos últimos se encuentran: Priscila Batlle, Rosina y Rodrigo Menafra (parientes de la primera dama Mercedes Menafra), Diego y Federika Stirling, Bolívar Lissidini, Stella Cigliutti, Jorge Rodríguez Labruna, Santiago Fraschini, Gloria Amen Pisani, y Enrique Penadés; todos ellos familiares de ministros, parlamentarios y jerarcas oficialistas.

Ibarra hace notar que “Esto demuestra que una condición muy importante para acceder a contratos de Arrendamientos de Obras y Servicios son las vinculaciones familiares o de amistad con dirigentes de los dos partidos tradicionales o en su caso, reclamar un contrato en virtud de los “servicios prestados”. Pero además, algunas de estas personas tienen o han tenido dos o tres contratos al mismo tiempo. Es el caso de la hermana del ex presidente Luis Alberto Lacalle, contratada para el “Apoyo al Fortalecimiento de las Areas Sociales (FAS)” y el “Apoyo al marco de Cooperación con Uruguay”; o el ex ministro Delpiazzo, quien trabajaba al mismo tiempo en el “Programa de Mejoramiento de Barrios”, en el “Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo” y en el “Programa de Apoyo en la instalación y funcionamiento en materia económico- financiera del Estado”.

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